Ese fin de semana de noviembre, no fue como cualquier otro para los vecinos de la calle Blest Gana en la comuna de La Reina. Al salir de sus casas, observaron que en el patio trasero de una propiedad cercana a sus domicilios, se alzaba una antena de telefonía celular de 26 metros de altura.

El nuevo ornamento vecinal los tomaba por sorpresa. Nadie les había consultado, sus derechos eran transgredidos y estaban molestos. Se organizaron, conformaron la Comisión Antena para quitar la torre del lugar, pero nadie respondió a sus demandas.

El episodio en la comuna de la Reina no es un caso aislado. Hace algún tiempo, lo mismo había ocurrido en El Bosque, Puente Alto y Lo Cañas en la Región Metropolitana, y en La Calera, Quinta Región.

¿Qué está pasando? La respuesta es simple: la instalación de antenas de telefonía celular se está expandiendo en el radio urbano a falta de una legislación que lo regule.

A primera vista, es un buen negocio para quien arrienda su propiedad a la empresa de telefonía móvil. Las cifras son tentadoras y se estima el pago de 25 UF mensuales por diez años, en promedio. Los costos, los paga la ciudadanía.

Se trata de una invasión a la comunidad que acusa daños ambientales, a la salud y al valor de sus viviendas. Y aunque hasta ahora sólo se habla de un vacío legal que pretende mejorar con un proyecto de ley en trámite, en su incomodidad, la vecindad se manifiesta.

Comunidad organizada

Cuando se quiere, se puede. Eso lo tienen claro los vecinos de La Reina, quienes tras manifestarse una hora diaria, todos los días, afuera de la propiedad que resguardaba la antena de la empresa telefónica Claro en calle Blest Gana, consiguieron la firma de un decreto municipal que ordena la desmantelación del equipamiento móvil.

La medida fue adoptada el 10 de abril de este año, luego que el alcalde de la comuna, Luis Montt, se reuniera con el propietario del inmueble, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo Bello, y los ejecutivos de la empresa Claro que instalaron la antena.

Vecinos de La Reina se manifiestan frente a la propiedad de calle Blest Gana.

Rocío Gutiérrez, vive hace más de 30 años en La Reina. Quiere su barrio y dispuesta a defender su carácter vecinal, integró la Comisión Antena. Declara satisfecha que las protestas callejeras y continuas que han realizado, así como las actividades para mantener motivados al conjunto de vecinos, han dado resultados: “hemos conseguido una comunidad organizada potente y más preocupada del entorno. Nos dimos cuenta que en la comuna están pasando muchas cosas, que las empresas están haciendo cosas que no son de nuestro agrado, pero hacemos algo. Organizándose y dando la pelea, si bien muchas veces no se logra nada, otras sí se logra y no hay que perder esas oportunidades”.

Algo parecido es lo que está ocurriendo en la zona de Lo Cañas en la comuna de La Florida. Víctimas de otra antena celular de la empresa Claro montada en una de las parcelas de la calle Bailahuén Sur, los habitantes del sector reunidos en la Junta de Vecinos Rural Nº1, se manifiestan.

“Hace tres o cuatro meses se instaló una antena y están tratando de instalar otras más. Nosotros nos vimos sorprendidos de la noche a la mañana. Esta antena se instaló sin consultarle a nadie más y nos oponemos porque está afectando nuestra calidad de vida”, aclara Ángel Tamayo, miembro de la agrupación vecinal de Lo Cañas.

Pero además de señalar la fuerte influencia de las ondas electromagnéticas en la salud humana y la disminución en la plusvalía de sus terrenos, la situación es todavía más grave: el plan regulador establece que Lo Cañas es una zona de quebrada donde sólo pueden funcionar equipamientos para parques, turismo y deporte, no empresas comerciales.

Ilegal o no, los vecinos están preocupados y buscan soluciones inmediatas... La historia se repite en otro lugar de la Región Metropolitana.
 

¿Regulación?

“La Constitución señala que los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un medio libre de contaminación y que el Estado está obligado a velar por su cumplimiento. Tampoco entendemos por qué hay que pedir permiso a la municipalidad para construir un muro, pero cuando se instala una antena no requiere de permiso municipal alguno”, asegura Tamayo.

Pareciera ser que tanto el Gobierno como la autoridad local, no son los responsables de fiscalizar los propósitos de las empresas telefónicas en barrios residenciales. Hasta hoy, no hay un organismo que lo regule porque no existe ninguna ley que lo establezca.

El Presidente de la Organización de Consumidores de Chile (ODECU), Stefan Larenas, culpa a las operadoras de tener un accionar irresponsable con la ciudadanía, pero asegura que en este momento la situación es tierra de nadie.

No obstante, el panorama a esta inexistente normativa puede mejorar con el proyecto de ley -presentado por un grupo de diputados encabezados por Patricio Hales (PPD)- que pretende entregar la facultad de otorgar el permiso a las empresas de telefonía móvil, a la dirección de obras de cada municipio.

Lo que se busca es que se regule en esta materia y que vaya en directo beneficio de la ciudadanía. En tanto eso ocurre, una propuesta desde la Organización de Consumidores de Chile es que las operadoras interesadas en montar antenas celulares en la ciudad, imiten la experiencia madrileña donde se implementó una tecnología mayor para lograr amplias coberturas con un servicio mejorado, instalando antenas celulares 1 kilómetro apartado del radio urbano.