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El alcalde de San Joaquín,
Sergio Echeverría, junto a los concejales Nelly
Santander, Patricio Lazcano, Manuel León y Víctor
Contreras encabezó el 9 de enero una reunión con un
centenar de pobladores y dirigentes de la Unidad Vecinal
6, correspondiente a la Población Joaquín Edwards Bello,
que se han visto afectados por la instalación de una
nueva antena de telefonía móvil de la empresa Movistar
en avenida Las Industrias Nº5760, en lo que corresponde
a la sede de la 10ª Compañía de Bomberos.
En el encuentro, que se inició pasadas las 19:30 en la
Casa de la Cultura y se prolongó por más de dos horas,
se abrió un debate sobre los eventuales daños a la salud
que provocarían en la población las antenas de telefonía
móvil y sobre la necesidad de que el Gobierno otorgue
urgencia a la iniciativa legal que ingresó en abril de
2007 a la Cámara de Diputados y que norma el impacto
urbanístico que produce la instalación de torres de
telefonía celular.
En la jornada estuvo presente el dirigente del comité de
defensa ambiental que se formó a raíz de la instalación,
Edison Gauguin, y el presidente de la Unión Comunal,
Salvador Retamal. Fueron especialmente invitados Arturo
Samit y Moisés Pinilla, dirigentes de la Asociación de
la Defensa de Salud y Medio Ambiente de Viña del Mar.
Ambos han estudiado en los últimos años los supuestos
daños que gatillarían en la salud de las personas estos
aparatos, y con un despliegue escénico, explicaron a los
asistentes sus antecedentes.
Proyecto “duerme en el Congreso”
El alcalde Echeverría abrió el encuentro y remarcó la
preocupación que ha tenido, desde que asumió su
administración, por el tema. Recordó que hace algunas
semanas envió un oficio a la Subsecretaría de
Telecomunicaciones en el cual el municipio le solicitó
al Gobierno que “asuma un compromiso real con los
ciudadanos”, exigiendo, asimismo, que sean las
municipalidades las que otorguen o rechacen los permisos
de instalación de las antenas de telefonía móvil.
Este oficio, añadió fue respondido por el ministro
secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera
–Gallo y el subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo
Bello. La misiva del primero indica que “el Gobierno
sensible a las preocupaciones manifestadas por diversos
sectores de la población, como los que usted representa,
concentrará sus máximos esfuerzos para un pronto
despacho de la iniciativa, para cuyos efectos ha
dispuesto que la iniciativa se tramite con urgencia
simple”.
Puntualizó el alcalde que la normativa vigente
establece, respecto a la instalación de antenas de
telefonía móvil, que la Subsecretaría de
Telecomunicaciones “entrega en concesión una determinada
cantidad de puntos en una región y lo que hacen
posteriormente las compañías telefónicas es notificar a
los municipios en qué lugar se van a establecer. Es
decir, ellos hacen directamente un contrato con el
particular ya sea una persona natural o jurídica”,
indicó.
Añadió que las obras menores que se realizan en las
comunas requieren autorización de la Dirección de Obras
Municipales, “en cambio, si una empresa de la telefónica
instala esas torres que son significativas, es
considerada también una obra menor, entonces no requiere
autorización de esta Dirección. Eso es una excepción a
la Ley de Urbanismo y Construcción. Y ahí opera el lobby
de estas grandes compañías que establecieron una
normativa especial, una excepción, a la normativa
general”.
Indicó que en el Parlamento “duerme durante un largo
tiempo un proyecto de ley que establece que se requiere
autorización de la Dirección de Obras Municipales (para
instalarlas) y que se establecen zonas en las cuales
eventualmente está prohibida la instalación: zonas
residenciales, cercanas a los colegios o consultorios”.
Agregó que la moción “no dice nada de cómo regular
aquellas instalaciones que ya se hicieron”. Este marco
normativo es “ ineducado e insuficiente para regular
este tipo de materias”.
Echeverría recordó que el municipio ha apoyado a vecinos
con recursos de protección para evitar la instalación de
las antenas, pero las dos últimas acciones legales
presentadas en la Corte de Apelaciones de San Miguel
fueron rechazadas. Un caso que tuvo una solución
positiva ocurrió en calle Sebastopol con Latinoamérica,
donde “los vecinos fueron más rápidos y pararon las
obras”.
Recolección de firmas
El edil comentó también que se han realizado gestiones
con los bomberos de la 10 Compañía relativas a suspender
la instalación. “El director dijo que buscaría una
solución. Ellos firmaron un contrato por 10 años y el
precio es de 5 millones anuales. En el fondo están
arrendando en 400 mil pesos. Nosotros les entregamos una
subvención de tres o cuatro millones de pesos anuales.
No se la entregaremos mientras no cambien su actitud”.
Remarcó que “no queremos romper con ellos, pero
entendemos que no se comportaron bien al no consultar a
la comunidad”.
Anunció también que ha recolectado firmas con los
alcaldes de San Miguel, La Pintana y Cerro Navia para
enviar una carta al subsecretario de Telecomunicaciones
solicitándole una vez más que “se apure el proyecto de
ley”.
Acto seguido dirigió unas palabras Edison Gauguin. Luego
Arturo Samit y Moisés Pinilla presentaron sus argumentos
acerca de por qué son nocivas las antenas de telefonía
móvil. Señalaron que, según estudios, sólo en Chile este
tipo de antenas emiten una emisión de 435 microwatt por
centímetro cuadrado, lo que sería altamente dañino.
Posteriormente algunos vecinos hicieron uso de la
palabra y coincidieron en manifestar su preocupación por
el fenómeno.
Posteriormente, cada uno de los concejales entregó su
opinión sobre el particular y se manifestaron totalmente
dispuestos a apoyar a la comunidad en esta lucha. El
alcalde remarcó que se usarán “todos los resquicios”
para evitar la instalación de los aparatos. El próximo
paso respecto a la antena instalada en el cuartel de
bomberos es “decretar el decreto de demolición”,
puntualizó. Le solicitó también a las juntas de vecinos
que establezcan una red, que se unan para que llegue a
buen término el cometido y se pueda evitar la
instalación.
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